Por denunciar irregularidades en la contratación pública, amenazan de muerte a líderes sindicales del Pacífico colombiano

El primer nombre que señalan las Águilas Negras en su amenaza es el del Mario Andrés Castrillón Ruiz, un líder sindical que desde hace 16 años trabaja en la Alcaldía de Buenaventura, siempre defendiendo el empleo público

Por Enrique Gamboa

De acuerdo con cifras de Indepaz, en 2022, han sido asesinados en Colombia seis líderes sindicales. El sindicalismo ha sido uno de los colectivos más victimizados y con mayor cantidad de cicatrices causadas por el conflicto armado interno colombiano. Hasta finales del año pasado se tiene el dato de 3.240 sindicalistas asesinados en el país, según registra la Escuela Nacional Sindical.

El pasado 2 de agosto las Águilas Negras dejaron un panfleto amenazante en la casa de los suegros del abogado Dinectry Andrés Aranda, ubicada en la ciudad de Cali. El comunicado del grupo armado delincuencial, dirigido a varios líderes sindicales del Pacífico colombiano, es intimidante. Es de esos que toca tomar muy en serio. La carta titulada: “No Más Terrorismo Camuflado En Líderes Sociales Sindicales Que Trabajan De La Mano De La Izquierda Del Occidente” dice así.

“El comando central de Águilas Negras después de una orden de investigación para el territorio, sobre los supuestos lideres sociales y sindicales en contra del estado y que buscan proteger y favorecer a funcionarios públicos y la supuesta lucha social por derechos laborales que no merecen, vendidos a organizaciones de izquierda que buscan la desestabilización de nuestro territorio del occidente del país, con demandas por derechos laborales en contra de nuestro estado, después del análisis que arrojó y en defensa de los Colombians de bien, ha resuelto la declaratoria total como objetivo militar a los mal llamados “lideres” MARIO ANDRES CASTRILLON RUIZ representante de SINTRAMUNICIPIO de Buenaventura, ERMINSUL SUAREZ MORENO representante de SINTRAGOBERNACIONES de Pradera, ALEXANDER LIBARDO BATALLAS RAMIREZ representante deGuachené, FREY ALEXANDER MUÑOZ MORENO representante de SINTRAEMSAG, DINECTRY ANDRES ARANDA JIMENEZ líder sindical y asesor jurídico de estos cabecillas y a los demás colaboradores izquierdosos de estos finados, quienes serán perseguidos y desaparecidos en caso de no entender nuestro ultimátur Seguiremos notificando. Para salvar a Colombia del terrorismo izquierdista BLOQUE OCCIDENTAL DE LAS AGUILAS NEGRAS

El primer nombre que señalan las Águilas Negras en su amenaza es el del Mario Andrés Castrillón Ruiz, un líder sindical que desde hace 16 años trabaja en la Alcaldía de Buenaventura, siempre defendiendo el empleo público: la estabilidad y la formalidad.

La denuncia que según Castrillón Ruiz lo tiene en riesgo de perder su vida está relacionada con un concurso público en este territorio PDET. “A raíz de ese concurso, evidenciamos que la alcaldía tenía problemas en su documentación, había hecho una modificación en su estructura, pero la hizo de manera irregular, no cumplía con los requisitos para hacer ese cambio en la estructura”, le dijo Mario Andrés a Infobae Colombia, dos días después de recibir la amenaza.

Concretamente, los concursos de méritos son un trámite que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil y es el proceso que deben realizar las personas para ser nombrados en la carrera administrativa de alguna entidad pública. La ley colombiana dice que todo empleado público debe ser nombrado en carrera administrativa tras ganar un concurso de méritos.

Cuando desde el sindicato, liderado por el líder amenazado, se recolectaron las pruebas de dicha irregularidad, contrataron al abogado Dinectry Andrés Aranda. Su conocimiento en este tipo de casos, gracias a su asesoramiento a otro líderes sindicales, (mencionados en el panfleto de Las Águilas Negras), llevaron a que SindriDistrirtal contara con sus servicios. “Él viaja a los territorios con nosotros, somos los que alimentamos de información al abogado”.

El 18 de agosto de 2021, Dinectry Andrés Aranda Jiménez demandó al Distrito de Buenaventura ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral de Buenaventura, para que se declarara la nulidad del Decreto 669 del 25 de junio de 2018 “Por medio del cual se ajusta la planta global de cargos de la Alcaldía Distrital de Buenaventura”.

El primer punto que presentó el abogado para tener un fallo a su favor fue que el Concejo Distrital de Buenaventura expidió el Acuerdo No. 02 del 14 de mayo de 2016, por medio del cual le otorgó facultades Pro – Tempore al Alcalde Distrital (de la época Eliecer Arboleda Torres) para modernizar la administración, concediéndole, además, un término de 12 meses para ejecutar el mencionado encargo, sin embargo, por no cumplir con lo encomendado, se prorrogó el plazo.

Otra de las irregularidades que encontró el abogado, que hoy en día tuvo que salir de la ciudad por medio a perder su vida, fue que la Planta de Personal del Distrito de Buenaventura establecida en el Decreto No. 669 del 25 de junio de 2018, no es la misma que se adecuó en el Manual de Funciones, pues, los cargos de agentes de tránsito son 60 y el Manual de Funciones solo reporta 55, respecto de los trabajadores oficiales establecieron 38 y en el Manual de Funciones solo definieron 29.

La respuesta a esa demanda por parte de la administración local no demoró en llegar y argumentó lo siguiente:

“Los numerales 3 y 6 del artículo 313 de la Constitución Política de Colombia, determinó que corresponde a los Concejos “Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las que corresponden al Concejo.” y “Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus dependencias”.

Por cuidar y por velar las condiciones de la gente que lleva trabajando varios quinquenios en la administración pública, y por defender los trabajos provisionales, y evitar que personas jurídicas o naturales obtenga dineros o contratos que no merecen, es que a estos hombres, un grupo armado de extrema derecha, los quiere matar.

En su decisión final, el juzgado de Buenaventura declaró la nulidad de los siguientes actos administrativos: El decreto 669 del 25 de junio de 2018, “Por medio del cual se ajusta la planta global de cargos de la Alcaldía Distrital de Buenaventura y el decreto No. 185 del 29 de febrero de 2016, “por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones, Requisitos Mínimos de Cargos y Competencias Labores de la Planta de Personal de la Alcaldía Distrital de Buenaventura”.

Amenzas de muerte a líderes sindicales en Buenaventura

El primer nombre que señalan las Águilas Negras en su amenaza es el del Mario Andrés Castrillón Ruiz, un líder sindical que desde hace 16 años trabaja en la Alcaldía de Buenaventura, siempre defendiendo el empleo público: la estabilidad y la formalidad.

Además, obligó al Distrito de Buenaventura a respetar las condiciones laborales de aquellas personas que cuenten con el carácter de pre pensionadas o aquellas que hayan adquirido en vigencia de los actos administrativos anulados la respectiva pensión”.

Casi un año después de aquella demanda, el 1 de julio de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Buenaventura dejó en firme la nulidad de la planta de empleos y del manual de funciones, que sirvieron de base para el concurso de méritos del Distrito de Buenaventura.

Para el abogado Dinectry Andrés Aranda Jiménez, lasirregularidades presentadas por la Alcaldía de Buenaventura están relacionadas con el desfalco de más de 500 mil millones de pesos en los territorios PDET, que denunció Blu Radio semanas atrás.

Así se lo aseguró a Infobae Colombia: “Tienen relación porque con la carencia de los estudios técnicos para determinar realmente cuál es el personal que necesitan para cada entidad pública, lo que hacen es acudir a la figura de prestación de servicios y al clientelismo para conseguir votos en momentos de campaña. Entonces, contratan a ciertas personas para ganar sus campañas políticas, pero la ley dice que esas funciones las deben realizar las personas de la planta de empleos”.

Tanto Mario como Andrés hoy viven con miedo, demasiado miedo. Sus amigos, familiares y colegas les han aconsejado ser prudentes en sus movimientos después de ser señalados por las Águilas Negras. “Porque soy yo el que presenta y busca al abogado, y por estar próximos a tomar un concurso público de empleos en la Comisión Nacional de Servicios Civil, es que nuestra situación de seguridad está complicada”, le dijo Castrillón Ruiz a este medio de comunicación.

Además, hace dos meses la Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró el esquema de seguridad que tenía Castrillón Ruiz, que constaba de un chaleco antibalas, un celular y un botón de alerta, “es como si nosotros estuviéramos denunciando al Estado y nos respondiera con este panfleto. Así lo sentimos”.

De acuerdo con Juan Manuel Torres, coordinador de la oficina regional de Pares en el Pacífico Colombiano, esta amenaza es muy seria. “Preciso le llega esa amenaza cuando le quitan su esquema de seguridad. Las Águilas Negras siempre han sido esa franquicia criminal que le dan ciertos sectores de la derecha. De acuerdo con nuestros últimos informes, Buenaventura es uno de los puntos más críticos en cuanto a violencia territorial en el país”.

De acuerdo con cifras de Indepaz, en 2022 han sido asesinados en Colombia seis líderes sindicales. El sindicalismo ha sido uno de los colectivos más victimizados y con mayor cantidad de cicatrices causadas por el conflicto armado interno colombiano. Hasta finales del año pasado se tiene el dato de 3.240 sindicalistas asesinados en el país, según registra la Escuela Nacional Sindical.

Para Torres, las amenazas están dirigidas a estos sectores, porque los ven como aliados del próximo Gobierno nacional. Sin embargo, que el panfleto llegara con una bala hace de esta advertencia algo poco usual en las técnicas utilizadas por las Águilas Negras.

En su charla con Infobae Colombia el representante de SindiDistrital dijo que esta no es la primera amenaza que recibe. “Anteriormente, porque yo me oponía a los despidos injustificados, estaban sacando ilegalmente a trabajadores. Por las denuncias, la administración local tuvo que pagar millones de pesos en concepto a reintegros laborales”.

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